A todas luces los estadounidenses quieren un sistema alimentario más transparente. Recientes sondeos sugieren que la mayoría de los estadounidenses favorecen el etiquetado que les dice exactamente cómo y dónde se producen sus alimentos. Y, sin embargo, varios proyectos de ley se están moviendo actualmente en el Congreso que podría hacer mucho más difícil el aprender acerca de la fuente de nuestros alimentos. No olvidemos que los EUA son nuestra "vidriera": todo lo que allí sucede, se implementa después en el resto de los países...
Estos proyectos de ley impedirían a los gobiernos estatales y locales de exigir el etiquetado de los OMG; removerían el etiquetado (COOL) del país de origen en importados; y harían que sea más difícil saber dónde se utilizan pesticidas. Los acuerdos comerciales internacionales que ahora se están negociando incluyen disposiciones que podrían hacer que estas informaciones estén menos disponibles a los consumidores.
La industria alimentaria está gastando una enorme cantidad de dinero para promover y abogar por esta legislación. Las compañías de alimentos pueden haber bombardeado más de $100 millones en los primeros seis meses de 2015 solamente, según informes federales de divulgación.
Las empresas y grupos comerciales que promueven estas políticas dicen que poner más información en las etiquetas de los alimentos va a enviar el mensaje equivocado acerca de la seguridad alimentaria, añadir costes y crear obstáculos al comercio. Y en algunos casos, están preocupados por la posibilidad de que se apliquen impuestos punitivos de importación y exportación a los productores estadounidenses de alimentos y otras empresas.
De acuerdo con Civil Eats, las compañías de alimentos y bebidas han gastado $51.6 millones en una variedad de esfuerzos por vencer las leyes de etiquetado de transgénicos, entre los cuales se encuentra la presión por la HR 1599, que podría impedir que los estados implementen sus propias leyes de etiquetado de transgénicos. Desde julio de 2015, sólo Monsanto ha gastado $2.5 millones para presionar al Congreso.
La industria alimenticia también ha gastado $54.2 millones presionando por la eliminación del requerimiento de etiquetado del país de origen (COOL, por sus siglas en inglés) en la carne de res, pollo y cerdo (HR 2393).
De manera similar, en 2013 y 2014, agronegocios, organizaciones agrícolas y asociaciones de comercio gastaron más de $11 millones en presionar por una versión temprana de la S1500, que elimina la necesidad de permisos para descargar pesticidas en los ríos, lagos, arroyos y otros cuerpos de agua regulados bajo la Ley de Aguas Limpias. ¿A quién beneficia esto? ¡Ciertamente no al ambiente ni a las personas que viven cerca de cuerpos de agua!
Los acuerdos de comercio internacional también amenazan con restringir la transparencia acerca de los alimentos - cómo se produce y de dónde viene.
Desde 2014, la industria alimentaria de Reino Unido no está obligada a informar sobre la procedencia de la carne que utilizan en la elaboración de alimentos preparados como la lasaña, los canelones, las salsas con carne para pasta, etc. A raíz del escándalo de la carne de caballo, se habló de poner en marcha planes más estrictos de control y la obligación de que los fabricantes informarán sobre la procedencia de la carne que utilizaban para sus alimentos preparados. Parece ser que las propuestas para endurecer la legislación en este sector fueron dejadas de lado de forma silenciosa, un cambio de dirección que ha adoptado el Consejo de Ministros del país ante la presión ejercida por la industria alimentaria.
Al menos por el momento, en Reino Unido no se conocerá la procedencia de la carne utilizada en los alimentos preparados, se prometió transparencia pero al haber dejado a un lado los planes para endurecer la legislación, los fabricantes no estarán obligados a declarar la procedencia de las materias primas cárnicas. Se deduce que la presión de la industria ha tenido mucho que ver en la normativa que entrará en vigor sobre el tema, ésta parece haberse debilitado a raíz de las reuniones que el Ministerio agropecuario ha tenido con el sector. Los consumidores seguirán sin saber de dónde procede la carne utilizada en los alimentos preparados que adquieren, ya que no hay obligación de que esté indicado en la etiqueta del producto, todo lo contrario a las promesas que en su momento realizó el primer ministro David Cameron.
Es interesante recordar que tras el escándalo de la carne de caballo, recientemente se daba a conocer otro posible problema con el kebab de cordero, un grupo de investigadores llevó a cabo un análisis y detectó que se estaba realizando un fraude alimentario, parece ser que en los kebabs se sustituye en parte o la totalidad la carne de cordero por carne de pollo, pavo, ternera, etc. En las 145 muestras de kebab de cordero que se tomaron para el estudio, se identificaron 43 consideradas como un fraude. Noticias como ésta no hacen más que socavar la confianza de los consumidores, y si además la industria no tiene por qué identificar la procedencia de la carne, se puede decir que los británicos perderán toda confianza en la industria de los alimentos procesados con carne.
Muchos organismos y asociaciones de consumidores han solicitado en reiteradas ocasiones que se ofrezca un etiquetado de alimentos más claro y transparente, ahora denuncian el fracaso del Gobierno del país para proteger los intereses de los consumidores de Reino Unido. Para muchos es un escándalo mayor que el Gobierno ceda a las presiones de la industria y obvie la protección del consumidor, eliminar la información sobre el origen de la carne hace sospechar que se van a seguir llevando a cabo prácticas fraudulentas. Sorprende saber que los responsables del Defra (Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales) argumenten que es demasiado costoso que las empresas puedan cumplir las normas tan estrictas que en su día se propusieron.
El partido político de David Cameron lanzó, antes del escándalo de la carne de caballo, una campaña de honestidad alimentaria y prometía etiquetas obligatorias que identificaban claramente la procedencia de las materias primas utilizadas en los alimentos preparados. Tras el problema con la carne de caballo esta campaña se retomó y el secretario de Medio Ambiente invitó a la UE a acelerar los planes para etiquetar el origen de la carne procesada. Recordemos que en el mes de abril la CE estableció que los productos con carne de vacuno podrían contener un 1% de carne de caballo sin que fuera necesario que se identificara en la etiqueta alimentaria.
El caso es que se está acusando al Defra de permitir que sean las grandes empresas las que dispongan las normas y dicten la política a seguir, algo que muestra el peso que puede tener este sector y la influencia que llega a tener en el Gobierno del país. Se está vetando el derecho a que los consumidores sepan qué es lo que están comiendo y cuál es su procedencia. Los argumentos del Gobierno para no identificar el origen de la materia prima cárnica son que sólo se podría considerar la información en el etiquetado si era fácil de integrar, no suponía una carga para las empresas y no distorsionaba el mercado, argumento pobre y con poco sentido, sobre todo si continuamente se suceden este tipo de fraudes.
Además de obstaculizar los esfuerzos de etiquetado de transgénicos en Estados Unidos, las cláusulas en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) también forzarían efectivamente a las naciones participantes a eliminar el país de origen de la etiqueta de sus alimentos, o correrían el riesgo de ser demandados por dañar el comercio.
Parece ser que la razón de que estas industrias gasten tanto dinero y hagan tanto por eliminar la transparencia acerca de la exposición tóxica y de las sustancias potencialmente dañinas en nuestro suministro de alimentos es que pueden ver que la estafa ya casi termina. La situación es simplemente insostenible.
Es sólo cuestión de tiempo antes de que la esperanza de vida humana comience a reducirse como respuesta a la exposición excesiva a las sustancias tóxicas - la salud de las personas ya está comprometida a una edad muy temprana. Los que tenemos los ojos más abiertos sabemos que todo esto obedece a un plan mucho más amplio de reducción populacional.
Estas industrias intentan actualmente aferrarse a la esperanza, e intentan resistir lo más que puedan, hasta que el sistema entero se desmorone, como sucederá, eventualmente. Pero sólo porque la oposición es increíble, no significa que dejemos de luchar para transformar el sistema. Por el contrario, es momento de presionar con mayor resolución.
La industria alimenticia también ha gastado $54.2 millones presionando por la eliminación del requerimiento de etiquetado del país de origen (COOL, por sus siglas en inglés) en la carne de res, pollo y cerdo (HR 2393).
De manera similar, en 2013 y 2014, agronegocios, organizaciones agrícolas y asociaciones de comercio gastaron más de $11 millones en presionar por una versión temprana de la S1500, que elimina la necesidad de permisos para descargar pesticidas en los ríos, lagos, arroyos y otros cuerpos de agua regulados bajo la Ley de Aguas Limpias. ¿A quién beneficia esto? ¡Ciertamente no al ambiente ni a las personas que viven cerca de cuerpos de agua!
Los acuerdos de comercio internacional también amenazan con restringir la transparencia acerca de los alimentos - cómo se produce y de dónde viene.
Desde 2014, la industria alimentaria de Reino Unido no está obligada a informar sobre la procedencia de la carne que utilizan en la elaboración de alimentos preparados como la lasaña, los canelones, las salsas con carne para pasta, etc. A raíz del escándalo de la carne de caballo, se habló de poner en marcha planes más estrictos de control y la obligación de que los fabricantes informarán sobre la procedencia de la carne que utilizaban para sus alimentos preparados. Parece ser que las propuestas para endurecer la legislación en este sector fueron dejadas de lado de forma silenciosa, un cambio de dirección que ha adoptado el Consejo de Ministros del país ante la presión ejercida por la industria alimentaria.
Al menos por el momento, en Reino Unido no se conocerá la procedencia de la carne utilizada en los alimentos preparados, se prometió transparencia pero al haber dejado a un lado los planes para endurecer la legislación, los fabricantes no estarán obligados a declarar la procedencia de las materias primas cárnicas. Se deduce que la presión de la industria ha tenido mucho que ver en la normativa que entrará en vigor sobre el tema, ésta parece haberse debilitado a raíz de las reuniones que el Ministerio agropecuario ha tenido con el sector. Los consumidores seguirán sin saber de dónde procede la carne utilizada en los alimentos preparados que adquieren, ya que no hay obligación de que esté indicado en la etiqueta del producto, todo lo contrario a las promesas que en su momento realizó el primer ministro David Cameron.
Es interesante recordar que tras el escándalo de la carne de caballo, recientemente se daba a conocer otro posible problema con el kebab de cordero, un grupo de investigadores llevó a cabo un análisis y detectó que se estaba realizando un fraude alimentario, parece ser que en los kebabs se sustituye en parte o la totalidad la carne de cordero por carne de pollo, pavo, ternera, etc. En las 145 muestras de kebab de cordero que se tomaron para el estudio, se identificaron 43 consideradas como un fraude. Noticias como ésta no hacen más que socavar la confianza de los consumidores, y si además la industria no tiene por qué identificar la procedencia de la carne, se puede decir que los británicos perderán toda confianza en la industria de los alimentos procesados con carne.
Muchos organismos y asociaciones de consumidores han solicitado en reiteradas ocasiones que se ofrezca un etiquetado de alimentos más claro y transparente, ahora denuncian el fracaso del Gobierno del país para proteger los intereses de los consumidores de Reino Unido. Para muchos es un escándalo mayor que el Gobierno ceda a las presiones de la industria y obvie la protección del consumidor, eliminar la información sobre el origen de la carne hace sospechar que se van a seguir llevando a cabo prácticas fraudulentas. Sorprende saber que los responsables del Defra (Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales) argumenten que es demasiado costoso que las empresas puedan cumplir las normas tan estrictas que en su día se propusieron.
El partido político de David Cameron lanzó, antes del escándalo de la carne de caballo, una campaña de honestidad alimentaria y prometía etiquetas obligatorias que identificaban claramente la procedencia de las materias primas utilizadas en los alimentos preparados. Tras el problema con la carne de caballo esta campaña se retomó y el secretario de Medio Ambiente invitó a la UE a acelerar los planes para etiquetar el origen de la carne procesada. Recordemos que en el mes de abril la CE estableció que los productos con carne de vacuno podrían contener un 1% de carne de caballo sin que fuera necesario que se identificara en la etiqueta alimentaria.
El caso es que se está acusando al Defra de permitir que sean las grandes empresas las que dispongan las normas y dicten la política a seguir, algo que muestra el peso que puede tener este sector y la influencia que llega a tener en el Gobierno del país. Se está vetando el derecho a que los consumidores sepan qué es lo que están comiendo y cuál es su procedencia. Los argumentos del Gobierno para no identificar el origen de la materia prima cárnica son que sólo se podría considerar la información en el etiquetado si era fácil de integrar, no suponía una carga para las empresas y no distorsionaba el mercado, argumento pobre y con poco sentido, sobre todo si continuamente se suceden este tipo de fraudes.
Además de obstaculizar los esfuerzos de etiquetado de transgénicos en Estados Unidos, las cláusulas en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) también forzarían efectivamente a las naciones participantes a eliminar el país de origen de la etiqueta de sus alimentos, o correrían el riesgo de ser demandados por dañar el comercio.
Parece ser que la razón de que estas industrias gasten tanto dinero y hagan tanto por eliminar la transparencia acerca de la exposición tóxica y de las sustancias potencialmente dañinas en nuestro suministro de alimentos es que pueden ver que la estafa ya casi termina. La situación es simplemente insostenible.
Es sólo cuestión de tiempo antes de que la esperanza de vida humana comience a reducirse como respuesta a la exposición excesiva a las sustancias tóxicas - la salud de las personas ya está comprometida a una edad muy temprana. Los que tenemos los ojos más abiertos sabemos que todo esto obedece a un plan mucho más amplio de reducción populacional.
Estas industrias intentan actualmente aferrarse a la esperanza, e intentan resistir lo más que puedan, hasta que el sistema entero se desmorone, como sucederá, eventualmente. Pero sólo porque la oposición es increíble, no significa que dejemos de luchar para transformar el sistema. Por el contrario, es momento de presionar con mayor resolución.
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Publicado por: Anunciadora de Sión
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